Ayer, la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, el alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, el de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, el de Chinchón, Juan Antonio Vega, y el de Villaconejos, Adolfo Pacheco, han mantenido una reunión en el Ayuntamiento de Ciempozuelos para abordar la hoja de ruta a seguir de cara al anuncio de la posible construcción de una planta de valorización energética en el municipio de Titulcia.
En el encuentro, que ha durado aproximadamente una hora, los ediles han mostrado su “preocupación e inquietud” por el impacto medioambiental que dicha infraestructura (que, según los datos que se conocen, podría llegar a quemar 300.000 toneladas de basura al año procedente de toda la Comunidad de Madrid) tendría en la comarca. Por dicho motivo, han acordado solicitar una reunión con el consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, para conocer el estado de la tramitación ambiental y trasladarle las preocupaciones de los municipios afectados.
No obstante, los alcaldes consideran que, para valorar adecuadamente el Proyecto Jarama, es imprescindible conocer también los antecedentes de la iniciativa y las actuaciones desarrolladas desde el propio Ayuntamiento de Titulcia. Por ello, hay consenso por parte de la alcaldesa y de los alcaldes para solicitar al consistorio titulciano toda la documentación sobre el expediente de la instalación, con el objetivo de que los técnicos municipales de los cinco consistorios puedan estudiarlos y analizarlos con el fin de llevar a cabo las acciones que cada uno de los municipios considere oportunas.
Los ediles también se han comprometido a mantener una comunicación fluida entre ellos en aras de buscar una línea de trabajo común que pueda prever cuál será el impacto real y las consecuencias que esta mega incineradora pudiera tener tanto en la comarca como en sus vecinos y vecinas. La prioridad de los ayuntamientos es conocer todos los antecedentes del Proyecto Jarama, esclarecer las actuaciones realizadas por cada Administración y garantizar que cualquier decisión que se adopte sea con transparencia, rigor técnico y pleno respeto a las garantías legales y ambientales.
